Las deportaciones en Canadá

¿Por qué el gobierno no puede ejecutar tan fácilmente algunas órdenes?

Por Vilma Filici de Toronto Hispano - Los objetivos de la política de inmigración de Canadá con respecto a las expulsiones son: mantener y proteger el orden público, la salud y la seguridad en Canadá; garantizar que se respeten todos los derechos legales de los ciudadanos extranjeros que se deporten; llevar a cabo su expulsión de manera efectiva y equitativa; verificar la remoción de ciudadanos extranjeros de manera eficiente y expedita; asegurar que los ciudadanos extranjeros obligados a salir de Canadá realmente lo hagan; garantizar que los ciudadanos extranjeros que son sujetos a órdenes de expulsión ejecutables abandonen Canadá de inmediato; y que las órdenes de expulsión se apliquen lo antes posible.

Los anteriores son los objetivos de la CBSA, y los oficiales tienen el mandato de expulsar a ciertas personas de manera prioritaria. Se da prioridad a las personas que pueden representar una amenaza grave para las personas o la sociedad. ¿Cómo es entonces, que hemos visto recientemente que hay 15,000 personas con órdenes de deportación que no pueden ser removidas de Canadá?

Es importante comprender que para que Canadá considere ejecutar una deportación, la persona debe ser admitido legalmente en su país de origen o en cualquier otro país que los acepte. Pero en muchos casos, concretamente 15,000 veces en el caso reciente, otros países han declarado que no aceptarán a esos ciudadanos por diversas razones y, por lo tanto, no se pueden expulsar y deben permanecer en Canadá. Según un portavoz de la CBSA, cuando se enfrenta esas situaciones, la CBSA continúa tratando de presionar a esos gobiernos para que acepten a sus ciudadanos.

Entre los deportados que el gobierno no puede remover hay personas que:

son conocidas por violaciones a los derechos humanos, con delitos graves, que se cree son una seria amenaza para salud pública y seguridad, un peligro para la seguridad nacional,

personas apátridas

solicitantes de refugio fallidos.

En algunos casos, la decisión de no expulsar a algunas personas, como el caso de quienes serían enviadas a países donde hay abusos sistemáticos de los derechos humanos, conflictos armados o desastres naturales, es una decisión de Canadá. En la actualidad, Canadá no expulsa a personas a Afganistán, Iraq y la República Democrática de El Congo. Canadá tampoco expulsará a una persona a un país donde existe la posibilidad de que enfrente a la pena de muerte. Los oficiales tendrían que obtener garantías de que no se ejecutará a la persona antes de sacarla de Canadá. Esto es consistente con los derechos garantizados a cada individuo bajo nuestra Carta de Derechos y Libertades.

Lo que le sucede a la persona que se encuentra en este tipo de situaciones depende del motivo por el que no se puede ejecutar la orden de expulsión. En casos graves, donde la persona representa un peligro para el público canadiense, lo más probable es que sean detenidos y mantenidos en detención.

También, una persona con una orden de deportación puede permanecer detenida si no tiene identificación, si se le considera un riesgo de fuga (es decir, se cree que si es liberada de la detención pasará a la clandestinidad), o si es un peligro para el público canadiense.

En otros casos en los que no exista ninguno de los problemas anteriores, se permitirá que la persona permanezca libre en Canadá. Por supuesto, deberá mantener informada a la oficina de la CBSA y a la oficina de RCIC sobre su paradero, y deberá presentarse cuando se lo soliciten, pero estará en libertad.

En esos casos, dado que su expulsión no puede ejecutarse por razones ajenas a su voluntad, se les permitirá solicitar y obtener permisos de trabajo, porque lógico es que no podrán mantenerse a menos que estén autorizados a trabajar. Las personas en esta situación particular también pueden solicitar y obtener un permiso de estudio.